El concepto de ciudadanía y etnia

La agudización del conflicto mapuche ha hecho que algunos hayan propuesto entregar derechos especiales o privilegios en función de la etnia. ¿Es justificable?

Por Daniel Loewe / Profesor Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y Ph.D en Filosofía Universidad de Tübingen.

Tradicionalmente, el concepto de ciudadanía se entiende como garantía de igualdad de los habitantes de un país frente al Estado. Y es exactamente esta concepción la que ha estado en el centro de la discusión en muchos de los conflictos entre la sociedad mayoritaria y los grupos indígenas minoritarios, tanto en Chile como en otros países con tensiones similares.

Si bien históricamente podemos entender la realización de la ciudadanía liberal como un proceso de inclusión de diferentes clases de individuos que adquieren los mismos derechos (ya sean no-propietarios o propietarios, hombres y mujeres) y como un proceso de inclusión social que se da al extender el tipo de derechos (de civiles a políticos, y de políticos a sociales), muchos defensores de demandas de grupos indígenas argumentan que esta ciudadanía pone en desventaja e incluso oprime a algunas minorías. La solución se encontraría entonces en su complementación mediante derechos especiales.

Muchos, pero no todos, estarían de acuerdo con esa interpretación. Si sostenemos que la igualdad de derechos es la premisa irrenunciable del liberalismo político, entonces los derechos especiales en razón de la pertenencia étnica o cultural no dejan de ser un tipo de privilegios, y en cualquier sociedad democrática los privilegios dependen de su justificación. Ciertamente la ciudadanía liberal es compatible con privilegios asociados a ciertas funciones públicas (como por ejemplo diputados, ministros o jueces), pero estos se justifican en razón de la función misma que a su vez es beneficiosa para todos.

Pero asociar derechos especiales a la pertenencia étnica o cultura parece ser algo diferente. Sin embargo, en los debates relacionados con las minorías culturales se han articulado razones que deben ser consideradas y que quizás permitirían justificar este tipo de derechos de un modo que vaya más allá de la necesidad de asegurar la paz social.

Los grupos indígenas corresponden usualmente a algunos de los grupos más desaventajados de la sociedad. Hay una historia de evidente y brutal opresión que no puede ser obviada. Considerando el contexto histórico y social en que se desenvuelven estos grupos, se han articulado una serie de argumentos. Algunas de las posiciones más radicales recurren (en analogía al valor de la biodiversidad) al valor en sí que tendría la diversidad cultural. Pero es difícil aceptar estas teorías en el contexto de una sociedad que da prioridad a los derechos de los individuos por sobre valores como el mencionado. Otras justificaciones más interesantes recurren a la necesidad de asegurar una pertenencia cultural rica y segura en cuanto precondición del auto-respeto de los individuos: si mi cultura o el contexto social que permite la reproducción de ésta están siendo socavadas por las decisiones de terceros, o por contextos de menosprecio o incluso de discriminación de parte de la sociedad mayoritaria, entonces mi auto-respeto como individuo estaría en peligro.

Posibilitar el auto-respeto de los individuos implicaría reconocer su pertenencia cultural y posibilitar el desarrollo de su cultura. A esto se suma la situación de desventaja sistémica en que se encuentran muchos de estos grupos minoritarios en sociedades en que las reglas benefician a la mayoría cultural.

Entre otros muchos, este es el caso evidente del idioma oficial: para poder competir y poder participar en la sociedad se está bajo una fuerte presión para asimilar la cultura mayoritaria. Además, no hay que olvidar los argumentos históricos que, en base a las injusticias indudables del pasado (y en el caso de Chile no hay que olvidar que este es un pasado bastante reciente), afirman la existencia de algún tipo de deuda histórica. En este último tipo de argumentos el arte consiste en poder determinar el modo en que esta deuda histórica debe ser saldada. Aquí las demandas por derechos especiales van desde compensación simbólica hasta formas de autogobierno.

Son varios ejes los que deben ser considerados. La idea de la deuda histórica debe ser tomada en serio. En primer lugar es necesario establecer un diálogo productivo y real con las diversas comunidades. Esto es necesario para que las posibles políticas públicas no sean sólo una respuesta a los que producen más presión (incluso mediante el uso de la violencia), sino que recojan las opiniones de todas las corrientes y así acaben o al menos disminuyan los incentivos perversos de las políticas actuales. Esto no es simple cosmético para aparentar legitimidad. Por el contrario, es necesario para asegurar la más amplia base de sustento a las posibles políticas públicas como así mismo la mejor base informacional en su diseño. Si somos honestos, tenemos que reconocer que no sabemos cuál es la solución al conflicto, en caso de que la haya. Un diálogo real es un trabajo activo: implica el diseño de una plataforma de diálogo, facilitar el acceso a todos aquellos que usualmente no participan y el empleo de buenos y suficientes mediadores. Esto requiere la utilización de fondos públicos, pero es una inversión que se paga.

Segundo, las políticas públicas deben referir al conjunto de los mapuches. Una gran debilidad moral (que también refleja una falta de astucia en el diseño de las políticas públicas) es haber considerado primeramente y casi exclusivamente a los mapuches rurales, siendo que aquellos que se asientan en las urbes componen casi el 60% del total. En tercer lugar, es necesario estar abiertos a la implementación de diversas políticas públicas que puedan saldar esta deuda. Aquí juega un papel central la idea de asegurar una oportunidad justa de integrarse económicamente a la sociedad, pero al mismo tiempo poder mantener, reproducir, pero ciertamente también desafiar los elementos de su cultura que consideren valiosos. Un cuarto eje no debe ser olvidado: si las argumentaciones a favor de reconocer y garantizar derechos especiales tienen algún sentido, este es ser una herramienta de protección de los más débiles. Y es este mismo espíritu el que las políticas públicas no puede dejar sin protección a todos aquellos que dentro de las comunidades tradicionalmente tienen menos poder. Es el problema de las minorías dentro de las minorías. La situación de las mujeres, niños o minorías sexuales, tradicionalmente desaventajados, no puede ser obviado en razón de un argumento cultural. A este nivel básico, los derechos individuales deben ser tomados en serio.

fuente: http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=2759